La reparación humanitaria no reabre las heridas de la historia: las cicatriza

Son muchos años de silencio, miedo y dolor. Muchos años de no atreverse a salir a la calle, para evitar ser señalados con la mirada o el dedo acusador de los que siempre habían creído tener la razón. Muchos años de ver en las entradas y los pórticos de las iglesias los nombres de los muertos en un bando, mientras para los del otro sólo se cernía el silencio, la memoria olvidada o reprimida. Cayeron dictaduras en Grecia, en Portugal, en Chile, en Argentina, en Rusia, en Polonia y en muchísimos sitios más. En todos hubo tiempo y consenso para rescatar del olvido a quienes habían sufrido la represión y la muerte. Nadie se opuso. Todos los partidos con peso y entidad decidieron adoptar, de inmediato, nada más llegada la democracia, medidas de desagravio y reparación en aras de la justicia y de una memoria recuperada en la que nadie se sintiera excluido. En todos, no. Solamente España marcaba una excepción en ese proceso de restablecimiento de la dignidad que debe amparar a todos los españoles que se vieron envueltos en aquella catástrofe que fue la guerra civil, y que el dictador responsable prolongó, despiadado e inmisericorde, hasta su propia muerte. La iniciativa de un juez de la Audiencia Nacional, Don Baltasar Garzón Real, con el fin de dar trámite a la petición de 13 Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha dado un impulso necesario a la hasta ahora mortecina implantación de la Ley de la Memoria Histórica, al solicitar una información decisiva (censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes desde el 17 de Julio de 1936) a los Ministerios de Justicia y Cultura, a varios Ayuntamientos (Córdoba, Granada, Madrid y Sevilla) y a la Conferencia Episcopal, que permitirá ir avanzando en el conocimiento del número de afectados y de su localización, a fin de otorgarles el reconocimiento y el lugar de reposo que merecen. La petición no hace sino dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Congreso en 2002, es decir, durante el Gobierno del Partido Popular, por el que se subrayaba “ el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil y de cuantos padecieron la represión franquista”, al tiempo que reclamaba el “apoyo de las instituciones” a las iniciativas promovidas por las familias con tal fin. Léase bien: se habló de "reconocimiento moral", no de mera compensación económica como efectivamente se hizo. No hay resentimiento, no hay afán de venganza o revanchismo, ni pretensión de reescribir la historia con resultados que no fueron. Los hechos ocurrieron como bien se sabe y a los historiadores compete profundizar en ellos. De lo que se trata simple y llanamente es de cicatrizar una herida abierta en el corazón y en la mente de los españoles que durante décadas no han logrado que se reconociera, con su nombre e identidad, la dignidad de sus seres queridos. ¿Alguien con sensibilidad puede negárselo?